Los talibanes que ostentan el poder en Afganistán cayeron en sus propias contradicciones, en un principio anunciaron que habría libertades civiles a la población e igualdad para las mujeres, pero la realidad está demostrando todo lo contrario.

Un blanco de sus persecuciones son ahora las personas que trabajaron como traductoras en empresas o entidades extranjeras que tuvieron seno en el país.

Les envían citaciones para que comparezcan ante los juzgados e iniciarles procesos.

Muchas de los aludidos no han atendido las citaciones judiciales por temor a que atenten contra sus vidas, o ser procesados con juicios amañados y confinadas en cárceles.

Cuando se dan estos casos de no comparecencia a los estrados, los talibanes están tomando represalias contra las familias de estas personas acusándolas de encubrimiento.

“Su dinero deshonroso y prohibido. Nos vengaremos. Si no logramos atraparlos, arreglaremos este asunto con sus familiares”, advierten en cartas enviadas, de la que los talibanes niegan la autoría.

Los intérpretes son señalados como responsable de la muerte de combatientes talibanes.

Una de las víctimas de las persecución talibán fue Malaly Wa, reconocida activista por la defensa de los derechos de las mujeres y directora en la provincia oriental de Khost de la Media Luna
Roja afgana.

“Hacia la medianoche combatientes talibanes asaltaron nuestra casa del distrito policial 15 de Kabul, se llevaron a mi madre a un lugar desconocido y sin dar explicaciones”, denunció a medios occidentales un hijo de Wali.

Los familiares de la activista siguen sin información sobre el paradero y estado de la mujer.